Presunción de inocencia y desinformación: la verdad detrás del caso que involucra al candidato Javier Sotelo

En los últimos días, diversos medios locales han difundido informaciones sobre una supuesta condena o inminente prisión efectiva contra el ingeniero Javier Enrique Sotelo Montes, candidato a rector de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM). Sin embargo, lo cierto es que no existe sentencia judicial firme ni condena alguna en su contra, tratándose únicamente de una acusación fiscal en etapa preparatoria, como ocurre en miles de procesos donde el Poder Judicial aún no se ha pronunciado.

De acuerdo con el expediente, el Ministerio Público ha formulado acusación en un proceso que se remonta a más de una década atrás, vinculado a una obra ejecutada en el distrito de Anta. Sin embargo, la acusación no implica culpabilidad, sino el ejercicio de una atribución fiscal que debe ser contrastada en juicio oral, con derecho a defensa y presentación de pruebas, conforme al artículo 2, inciso 24, literal e) de la Constitución Política del Perú, que garantiza la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.

Fuentes cercanas al proceso señalan que el ingeniero Sotelo participó solo como responsable técnico y que la gestión administrativa y financiera recaía en otras áreas de la municipalidad. Además, peritajes posteriores no considerados en la informacion mal intencionada difundida demuestran que no hubo apropiación de recursos públicos ni perjuicio directo atribuible al candidato.

A diferencia del tono alarmista de algunos portales, no existe orden de captura, inhabilitación ni impedimento legal que limite la participación de Sotelo Montes en el actual proceso electoral universitario. Todo ciudadano, sin excepción, tiene derecho a ejercer cargos públicos mientras no exista una condena judicial ejecutoriada.

El debate universitario debe centrarse en las propuestas académicas, la visión de gestión y la transparencia del proceso electoral, no en campañas de desinformación que buscan desacreditar a candidatos mediante titulares sin sustento judicial.

En conclusión, el ingeniero Javier Sotelo Montes mantiene su condición de ciudadano libre y habilitado, y cualquier intento de prejuzgarlo vulnera los principios del debido proceso y el respeto a la verdad periodística.