Corrupción encubierta en Áncash: el poder, la familia y la traición a la confianza pública

Por: Maria Minaya, maestrista en Gestión Pública - UNASAM.

La corrupción en el Perú ha dejado de ser un hecho aislado para convertirse en un hábito enquistado en las estructuras del poder. En la región Áncash, este problema se manifiesta con particular gravedad, como lo demuestra el caso del Director Regional de Caminos, Rosemiro de la Cruz Alonso, quien habría adjudicado una obra de S/ 13 millones a su cuñada política, Melysa Ascencio Riquelme, representante del Consorcio Carhuaz. Este acto, más que una irregularidad, constituye una afrenta directa a los valores de la función pública y una burla a la ciudadanía.

El contrato, destinado al mejoramiento de la transitabilidad vial en Carhuaz, fue entregado pese a la existencia de múltiples postores con mejores propuestas técnicas y económicas. El hecho desnuda una red de colusión familiar donde el poder administrativo se usa para beneficiar a allegados, violando los principios de transparencia, imparcialidad y libre competencia. Lo más preocupante no es solo el delito en sí, sino la normalización del nepotismo como forma de gestión en el Gobierno Regional.

Desde la perspectiva del marketing público y la comunicación institucional, este tipo de casos destruye los pilares de legitimidad de una entidad. La gestión del gobernador Koki Noriega Brito enfrenta una crisis de imagen severa, caracterizada por el silencio cómplice y la falta de rendición de cuentas. Cada escándalo sin respuesta erosiona la credibilidad de la autoridad y reafirma en la opinión pública la idea de que la corrupción es parte natural del sistema.

La población ancashina, principal víctima de esta situación, observa cómo se traiciona la confianza depositada en sus autoridades. Las comunidades de Ataquero y Carhuaz siguen esperando obras que mejoren su calidad de vida, mientras los recursos se desvían a redes familiares y contratos amañados. La corrupción no solo roba dinero: roba futuro, oportunidades y dignidad. Este caso exige la acción inmediata de la Fiscalía Anticorrupción y la Contraloría General de la República, no solo

para sancionar a los implicados, sino también para marcar un precedente moral y jurídico. Es urgente fortalecer los mecanismos de control interno, exigir declaraciones de ausencia de conflicto de interés en los comités de selección y promover auditorías públicas de los procesos de contratación.

Sin embargo, la verdadera transformación no vendrá solo desde la ley, sino desde la conciencia ciudadana. El cambio comienza cuando la sociedad deja de ser espectadora y asume un rol fiscalizador activo. Combatir la corrupción implica educar en valores, fomentar la transparencia digital, proteger al denunciante y desterrar la impunidad como norma.

La adjudicación de una obra millonaria a un familiar político no es un error administrativo, es un acto de traición al servicio público. En Áncash, la sombra de la codicia continúa amenazando la justicia y el desarrollo. Solo con una ciudadanía vigilante y autoridades íntegras se podrá romper el círculo vicioso que convierte la gestión pública en un negocio familiar. La ética no debe ser una opción: es la base del verdadero progreso regional.

Por: Maria Minaya, maestrista en Gestión Pública - UNASAM.