El incidente en la Plaza de Armas no fue un acto de inmadurez política, sino una medida preventiva de seguridad y orden protocolar durante la visita del presidente  José Jerí.

Durante la visita oficial del presidente encargado José Jerí a la ciudad de Huaraz, se registró un momento que algunos interpretaron como falta de respeto hacia la prefecta regional de Áncash, Pamela Edith Serafín Almonacín. Sin embargo, fuentes cercanas al equipo de seguridad aclararon que el reacomodo de posiciones respondió estrictamente a protocolos de seguridad y no a decisiones políticas.

Según el reglamento de seguridad presidencial, la ubicación inmediata al lado del mandatario está reservada para personal de resguardo y autoridades previamente acreditadas en el programa oficial. La prefecta, aunque autoridad regional, no figuraba en el bloque central del protocolo ceremonial, lo que motivó la intervención del agente para evitar riesgos y garantizar el orden.

Especialistas en ceremonial y protocolo consultados señalan que este tipo de ajustes son habituales en actos públicos donde la seguridad del jefe de Estado es prioritaria. “No se trata de humillación ni de inmadurez política, sino de cumplir normas que protegen la integridad del presidente y la correcta disposición de la comitiva”, indicaron.

El Gobierno reafirmó que mantiene respeto por todas las autoridades y que la prefectura regional es quien representa politicamente al Presidente quien la nombro (Dina Boularte), por lo que la prefecta Pamela Edith Serafin Almonacin debio por etica y respeto no pretender acompañar al Presidente de la Republica dado tambien que su  representacion es en AUSENCIA del Presidente. La polémica, por tanto, parece más una interpretación subjetiva que un hecho que refleje descoordinación o falta de institucionalidad.

Por lo tanto: “No hubo falta de respeto ni inmadurez política en la visita de José Jerí a Huaraz. El reacomodo de la prefecta Pamela Serafín respondió a protocolos de seguridad presidencial, práctica habitual en actos oficiales. La prioridad es proteger al mandatario y garantizar el orden, no excluir autoridades.”